El Tribunal concluyó que la sola afirmación de la autoridad catastral no acredita de manera suficiente que el bien sea fiscal ni su carácter imprescriptible. Al no existir prueba idónea de titularidad estatal, el rechazo liminar de la demanda vulnera el acceso a la justicia. En consecuencia, revocó la decisión y ordenó continuar el trámite para esclarecer la naturaleza jurídica del inmueble.
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