La información financiera es un dato semiprivado protegido por la Ley 1581 de 2012, que solo puede ser suministrado por orden judicial. Negar la práctica probatoria orientada a obtener dicha información, bajo el argumento de que podía obtenerse mediante derecho de petición, constituye un exceso ritual manifiesto y desconoce el interés superior de los menores. En procesos donde se discute la fijación de cuota alimentaria, el juez debe adoptar una postura garantista para asegurar la protección reforzada de los derechos de los niños.
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