La Ley 2213 de 2022 mediante la cual se estableció la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 para la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tiene como objeto agilizar las actuaciones y trámites judiciales, lo que se traduce en derribar talanqueras para el acceso efectivo a la administración de justicia.
Los jueces no pueden desconocer dicha legislación e ir en contravía de su contenido que busca agilizar los procedimientos, máxime que en este caso el juzgado no motivó la necesidad de la autenticación de la firma y la presentación personal, pues únicamente se limitó a indicar que no se cumplían los presupuestos del artículo 74 del CGP, sin ninguna argumentación al respecto, por lo que el señor ELIUD CORTÉS no conoció las razones de la orden proferida el 25 de noviembre de 2025.