Desde aproximadamente 2001 la menor convivía con su familia y el procesado. Entre los 7 y 14 años fue víctima de actos sexuales y accesos carnales por parte de su primo, quien aprovechaba la cercanía de habitaciones comunicadas. Los hechos se repitieron durante años en ausencia de supervisión adulta. La víctima guardó silencio hasta 2016, cuando reveló lo ocurrido. La investigación culminó con sentencia condenatoria en primera instancia, apelada por la defensa.
El Tribunal concluyó que el testimonio de la víctima, corroborado por pruebas periciales, testimoniales y la verificación de condiciones físicas del lugar, acredita la ocurrencia de los abusos y la responsabilidad del procesado. Consideró que no existen inconsistencias que generen duda razonable y que las pruebas de descargo no desvirtúan los hechos. En consecuencia, confirmó la condena al estimar que se superó el estándar probatorio exigido en materia penal.